IX ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos
La Paz, Bolivia, 13 al 17 de octubre de 2006
La Asamblea del IX Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos, reunida en La Paz, República de Bolivia, el día 17 de octubre de 2006, declara que:
- Reafirmamos nuestro compromiso histórico de lucha por la defensa, protección y plena vigencia de los derechos humanos en América Latina, condenamos la tortura y otras formas de violencia estatal violatoria de los derechos humanos, así como la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad.
- Repudiamos la política del Gobierno de los Estados Unidos, que bajo la excusa de la “guerra contra el terrorismo”, mantiene la ocupación militar de Irak y Afganistán y amenaza a otros países, como Irán, lo cual de por sí implica una sistemática y masiva violación a los derechos humanos de estos pueblos, por lo que renovamos la exigencia del retiro de las tropas de Irak.
- Repudiamos la aprobación por el congreso norteamericano de una Ley que legaliza prácticas de tortura y malos tratos contra detenidos calificados de “combatientes enemigos”, autoriza prácticas crueles e inhumanas como los sitios de detención secretos, el traslado a otros países, la negación de asistencia jurídica y aún de poner en conocimiento de los detenidos las acusaciones y supuestas pruebas levantadas contra ellos, negando el derecho al Hábeas Corpus en su favor, así como asegura la impunidad de los autores intelectuales y materiales de esas prácticas aberrantes.
Denunciamos que estas acciones ya se han venido ejecutando, como es de público conocimiento, con los “vuelos secretos” con escala en países europeos y africanos, las cárceles secretas de la CIA en algunos de estos o el campo de concentración en Guantánamo.
Rechazamos también los intentos de cambiar las definiciones sobre Tortura, pretendiendo justificar su empleo como “mal menor” y mantenemos nuestro apoyo a la actual definición establecida por la Convención de la ONU y de la OEA. - Condenamos cualquier forma de colaboración y asesoramiento de profesionales de la salud en la práctica de la tortura.
- Denunciamos la tortura y otras prácticas crueles, vejatorias e inhumanas utilizadas por el Estado de Israel contra detenidos palestinos y árabes y exigimos el fin de esas prácticas. Reafirmamos nuestra condena a las agresiones militares y punitivas del Estado de Israel como la reciente guerra no declarada contra el Líbano y los continuos ataques contra Gaza y los territorios palestinos aterrorizando y causando graves daños materiales y humanos entre la población civil.
- Condenamos las políticas y prácticas discriminatorias, racistas y degradantes de los Estados de Norteamérica y Europa, frente a los migrantes africanos, latinoamericanos y de otras regiones, así como la decisión del gobierno de Estados Unidos de erigir un muro en la frontera con México. Estas políticas restrictivas y persecutorias atentan contra la dignidad humana.
- Alertamos contra el gravísimo peligro que significa el intento de extender las renovadas prácticas de tortura y malos tratos y de una legislación similar a otros países en nuestro continente, donde ya hay oscuras iniciativas en ese sentido, como es el caso de Paraguay. Denunciamos el Plan Colombia, hoy “Plan Patriota” y exigimos el desmantelamiento de las bases militares y de agencias del gobierno norteamericano en nuestros territorios, así como la ingerencia en la “Triple Frontera” entre Paraguay, Brasil y Argentina con el pretexto de la “lucha contra el terrorismo”.
- Denunciamos la proliferación de las cárceles de “extrema seguridad” en distintos países, por constituir una prolongación de las situaciones de tortura y malos tratos a las personas privadas de libertad.
- En México: denunciamos al Gobierno por la ola de violencia estatal, el hostigamiento a luchadores sociales y movimientos reivindicativos:
- Ante la situación existente en Oaxaca, donde frente a un amplio proceso de movilización popular hay serias violaciones a los derechos democráticos y humanos en general y amenazas de intervención militar, exigimos se descarte el uso de la fuerza policial y militar para solucionar el conflicto entre el gobierno estatal y la APPO (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca).
- Denunciamos la brutal represión y torturas masivas en Texcoco y San Salvador Atenco producidas el 3 y 4 de mayo del 2006.
- Exigimos la libertad inmediata de las 30 personas presas en el Penal de Santiaguito y en La Palma y de los dirigentes y dirigentas sociales de Oaxaca aprehendidos desde el 9 de agosto del 2006, así como la anulación de las órdenes de aprehensión y plena libertad para quienes están bajo caución.
- Reclamamos investigación y castigo para los responsables de las torturas y asesinatos.
- En Guatemala: repudiamos los actos intimidatorios ocurridos en el Municipio de Rabinal, entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre del corriente año, contra miembros del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP- comprometidos en el abordaje psicosocial de los procesos de exhumaciones. Esas acciones intimidatorias están dirigidas a amedrentar y sumir en el miedo a las organizaciones y personas que luchan por la justicia, la memoria y la reparación integral de las personas, familias y comunidades. Exigimos al Gobierno de Guatemala que investigue, esclarezca y sancione estos hechos y nos solidarizamos plenamente con los compañeros del ECAP.
Durante el conflicto armado de Guatemala, 30 familias de entre miles que debieron huir de la violencia política, fueron reubicadas por la ACNUR en Bolivia. Hoy permanecen refugiadas en el Departamento de Santa Cruz, a pesar de que por más de 12 años han realizado esfuerzos para retornar a su país y frente a la actitud del actual Gobierno de Guatemala, caracterizada por la dilación de tiempo, burocratización del proceso y despertar expectativas fallidas en estas familias sobre su retorno; lo que ha llevado a tal grado de desesperanza que existen amenazas de suicidio masivo, manifestamos nuestra solidaridad con estas familias. Urgimos al Estado de Guatemala a realizar las acciones pertinentes para el inmediato retorno a su país de las familias refugiadas, atendiendo así a un derecho legítimo y poniendo fin a una situación de exilio forzoso que vulnera sus derechos fundamentales. - En El Salvador: denunciamos la aprobación de una Ley Antiterrorista que atenta contra los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, llegando al extremo de tildar como “agentes desestabilizadores” y que “atentan contra la seguridad nacional” a todo aquel que se atreva a pronunciarse y a denunciar las políticas económicas, de seguridad y otras que impone el gobierno y que responden a intereses de grupos de poder y a la ingerencia directa del Gobierno de los Estados Unidos.
- En Honduras: expresamos nuestra preocupación ante la grave situación del sistema penitenciario y la actitud del Gobierno ante la misma, exigiendo la pronta aprobación del proyecto de Ley Penitenciaria como un paso para mejorar la calidad en la rehabilitación y resocialización de las personas privadas de libertad y el respeto a sus derechos fundamentales.
- Exigimos la derogación de las leyes de amnistía dictadas por diferentes Estados, garantizando impunidad a los ejecutores materiales e intelectuales de torturas, desapariciones y masacres, y la apertura de los archivos policiales y militares para garantizar verdad, memoria y justicia. Reclamamos que los procesos de reparación no estén limitados al aspecto financiero sino que se enmarquen en procesos de reparación integral.
- En Argentina: denunciamos la desaparición de Julio López, testigo en la causa contra el genocida Comisario Etchecolatz, exigimos al gobierno de Néstor Kirchner su aparición con vida y nos solidarizamos con la movilización de los organismos de derechos humanos y las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares contra la impunidad y por su aparición con vida y alertamos sobre el efecto de retraumatización en los afectados directos y el impacto psicosocial que genera este hecho.
- En Colombia: rechazamos las estrategias de seguridad impuestas por el gobierno, como las capturas masivas y las redes de informantes, que lesionan los derechos de la población civil y comprometen gravemente su integridad. En pleno proceso de reglamentación de la cuestionada “Ley de Justicia y Paz”, llamamos a respetar los estándares internacionales de reparación integral a las víctimas de violencia política y a desplegar las medidas necesarias para que las organizaciones de víctimas y de derechos humanos no sean objeto de amenazas, persecuciones y nuevas violaciones a sus derechos.
- En Perú: denunciamos el mantenimiento de la impunidad y la responsabilidad del actual presidente, Alan García, bajo cuyo primer gobierno se produjeron las masacres de Lurigancho y El Frontón y se crearon comandos parapoliciales. Nos pronunciamos contra el mantenimiento de las condenas de los “jueces sin rostro” y las inhumanas condiciones de encarcelamiento en penales de máxima seguridad que sufren cientos de presos políticos y ex guerrilleros por más de una década. Denunciamos el intento gubernamental de introducir la pena de muerte con el pretexto de ajusticiar a los culpables de violaciones sexuales. Reclamamos a los grupos en armas que no realicen acciones que afecten a la población civil indiscriminadamente.
- En Brasil: expresamos nuestro repudio a la política de “seguridad” adoptada en Rio de Janeiro, que ha causado la ejecución extrajudicial de miles de niños y jóvenes. La policía realiza constantes invasiones a las áreas pobres, utilizando un vehículo blindado y artillado, conocido como “Caveiräo”, manteniendo bajo el terror a las comunidades.
- En Bolivia: renovamos nuestro apoyo al juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada y sus colaboradores, promovido por el conjunto de las organizaciones sociales bolivianas.
Denunciamos el accionar y organización de grupos de choque al servicio de los terratenientes y élites de poder locales en Santa Cruz y otros departamentos. Expresamos nuestra preocupación ante hechos como la represión policial y militar a los Sin techo en Oruro (un muerto), a campesinos en Yungas de Vandiola (dos campesinos muertos) y en Huanuni, donde la defensa de su fuente de trabajo por los asalariados mineros frente al ataque de cooperativistas dejó un saldo de 16 muertos y decenas de heridos.
Denunciamos las presiones e ingerencia de las transnacionales y los gobiernos ligados a éstas, contra el legítimo derecho del pueblo boliviano a nacionalizar los hidrocarburos y demás recursos naturales. Saludamos la unidad y movilización popular por la genuina nacionalización del gas, la reforma agraria y otras demandas de los trabajadores, los campesinos y pueblos originarios como el camino para derrotar toda amenaza a las libertades democráticas y abrir paso a las transformaciones que anhela el pueblo boliviano. Solicitamos al gobierno boliviano la libertad de los presos políticos. - Constatando el paso adelante que significa la ratificación por varios países (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay) del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU como elemento de protección a los detenidos y de control del accionar represivo estatal, reclamamos la firma del mismo a los demás Estados, así como el reconocimiento de idoneidad para la intervención de los representantes de los organismos de DDHH.
- La Red y los centros miembros de la misma seguiremos desplegando una intensa actividad de asistencia médica, psicológica, psicosocial y jurídica a los afectados directos por la tortura y la violencia estatal, sus familiares y grupos sociales y denunciando estas prácticas, desde una perspectiva de reparación integral y contra la impunidad de los autores intelectuales y materiales de estas violaciones a los derechos humanos. Como parte de esta labor, nos proponemos desarrollar la investigación y la producción teórica y científica sobre la práctica clínica, psicosocial y legal, y la difusión de sus resultados.
- Nos mueve el compromiso histórico con nuestros pueblos, convencidos de que la lucha por la verdad, la justicia, la memoria y contra la impunidad son parte inseparable de la lucha de los pueblos latinoamericanos y la humanidad en le camino de una sociedad más justa y solidaria.
Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), México.
ATYHA – Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos, Paraguay
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.
Grupo Tortura Nunca Mais – Río de Janeiro (GTNM – RJ), Brasil.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Corporación AVRE-Apoyo a Víctimas pro Recuperación Emocional, Colombia.
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC) – Uruguay.