Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
Pasaron ya dos años de la represión que en diciembre de 2010 tuvo como saldo la muerte de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez, tras el violento desalojo a la toma de tierras más grande que se ha realizado en los últimos años en reclamo de vivienda digna.
El Parque Indoamericano, con las más de 1500 familias que protagonizaron el acampe aquel 6 de diciembre de 2010, desnudó la crisis habitacional y la falta de vivienda que afecta a los sectores más postergados de nuestro país, no solamente en la Ciudad sino a nivel nacional. Frente al reclamo de un techo digno y un pedazo de tierra para poder vivir, la respuesta inmediata implementada tanto por el Gobierno Nacional como por el Gobierno de Mauricio Macri, a través de la actuación conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana, fue rotunda: represión, desalojo y muerte.
El Indoamericano reveló, a su vez, la cara más nefasta del Gobierno macrista, que promoviendo los valores xenófobos y el desprecio hacia los sectores populares que su proyecto encarna, no hizo más que incentivar el constante hostigamiento a las familias que se mantuvieron en la toma, legitimando el accionar de las patotas que al mejor estilo de fuerzas de choque parapoliciales atacaron en más de una ocasión a las familias que permanecieron en el Parque en reclamo de una respuesta a sus demandas. Tal es el caso del barrabrava de Huracán, Julio Capella, a quien imágenes televisivas mostraron disparando contra las familias en el Parque, y que luego fue sobreseído por el Juez Eliseo Otero, a pesar de la existencia de estas pruebas.
A dos años del acampe en el Indoamericano, las promesas con las que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad sacaron a las familias del Parque luego de varios días de resistencia, no fueron cumplidas. Tras una audiencia que tuvieron los representantes de los vecinos con autoridades porteñas y nacionales, las familias accedieron a desalojar el lugar con el compromiso de los dos Gobiernos de poner “un peso por cada peso que ponga el otro” para solucionar la problemática de vivienda de las familias del Parque Indoamericano. Como una triste y nefasta burla hacia el reclamo de aquellas familias y de los compañeros que allí perdieron sus vidas, hasta el día de hoy ni la Nación ni la Ciudad han puesto siquiera un centavo, y no se ha avanzado en ningún sentido para solucionar esta problemática. Hoy el conflicto habitacional sigue detonando la exigencia popular con cada vez más fuerza. Por eso exigimos que se cumplan las promesas y los compromisos que los dos Gobiernos tomaron, así como la implementación de un programa integral de vivienda y de políticas que apunten a resolver el problema habitacional que afecta a gran parte de los sectores trabajadores.
La única medida concreta que se ha impulsado desde la Nación, inmediatamente luego del feroz desalojo, fue la creación del flamante Ministerio de Seguridad. Nos preguntamos, ¿por qué el Gobierno Nacional, luego de un hecho de estas dimensiones, creó un Ministerio de Seguridad y no uno de Vivienda? Ministerio cuya política principal después, de los acontecimientos ocurridos en el Parque Indoamericano, fue la ejecución del programa Cinturón Sur y el Operativo Centinela, que al mejor estilo de zona militarizada, implementó la presencia permanente de personal de Gendarmería y Prefectura en los barrios de la región sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Desde las organizaciones sociales venimos denunciando hace mucho que el problema de la inseguridad y la violencia no podrán tener fin si no se desmantelan las redes de delincuencia que invaden nuestros barrios y cuyos impulsores son tanto la corrupción policial como los aparatos políticos clientelares, entre otros conflictos. Mucho menos podremos combatir la inseguridad si no se solucionan concretamente la falta de seguridad cotidiana que tienen los vecinos en materia de salud, educación o trabajo.
El Ministerio de Seguridad cuenta su vez con la dirección de Sergio Berni, quien durante los días en que se desarrollaron los hechos del Indoamericano tenía un puesto dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y se encargó de negociar el abandono del Parque por agua y comida para las familias, así como de asediar constantemente a los que allí peleaban por su vivienda con la prepotencia que lo caracteriza. Ese mismo personaje, es hoy la cara visible y alfil principal de la represión institucional del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como lo demostró en agosto pasado, en el desalojo de la autopista Panamericana y el posterior aprisionamiento de cientos de manifestantes en el ex Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo.
Pero la deuda más amarga que perdura desde los acontecimientos del Parque Indoamericano es la impunidad y la falta de Justicia por los crímenes y los asesinatos que allí cometieron las fuerzas represivas. A dos años de la causa, no hay ningún avance concreto en la investigación sobre las responsabilidades de la muerte de Álvarez, Salgueiro y Churapuña. El Juez Otero, quien llevaba la causa de los 45 policías imputados por la represión, resolvió a principios de 2012 absolver a todos los oficiales por una supuesta “falta de evidencia”, a pesar de los testimonios, los documentos audiovisuales y las pruebas otorgadas que confirman la utilización de balas de plomo por parte del personal policial. Gracias a la movilización y la lucha de los familiares y vecinos a la Audiencia Judicial de abril de este año, se logró frenar este intento y volver a poner a los 33 policías de la Federal y a 12 de la Metropolitana, de nuevo en el banquillo de los acusados. A pesar de que el accionar de los abogados consiguió la que la Cámara de Apelaciones apartara de la causa al Juez Otero por parcialidad manifiesta, la causa no ha avanzado hacia la concreción de Justicia por los caídos y los hechos ocurridos. Desde las organizaciones acompañaremos hasta las últimas consecuencias a los familiares de los compañeros asesinados y no descansaremos hasta que los responsables tanto materiales como políticos de aquella masacre sean juzgados y condenados.
Por otra parte y siguiendo con la línea de impunidad, mientras la causa que investiga los crímenes ocurridos en el Parque permanece estancada, los fiscales porteños Claudia Barcia y Luis Cevasco continúan impulsando una nefasta persecución jurídica a los compañeros Diosnel Pérez Ojeda, referente de la Villa 20 del Frente Popular Darío Santillán, y a Luciano “el Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusándolos de ser los instigadores de una toma que no tuvo más impulso que el justo reclamo de una vivienda digna. Tanto Diosnel, en su calidad de representante de la Junta Vecinal de la Villa 20 por ese entonces, como el “Tano” Narduli, referente del barrio Soldati, se acercaron a la toma a ofrecer su solidaridad y terminaron siendo, por decisión de las familias, los interlocutores de aquellos reclamos. Fueron los mismos Gobiernos, tanto la Nación como la Ciudad, quienes acudieron a ellos en la reunión que se llevó a cabo en la Casa Rosada para intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, los fiscales porteños, con el claro propósito de criminalizar la protesta social y perseguir a los referentes populares, persisten en una acusación que no tiene más pruebas que la intencionalidad política de condenar a los que luchan. Por todo esto, exiguimos el cierre de la causa a los compañeros y el fin de toda persecución política a los que luchan.
Este segundo aniversario de aquella feroz represión nos encuentra nuevamente en la calle, exigiendo justicia y reclamando que se cumplan las promesas que tanto Macri como Critina no han cumplido. Pero también nos encuentra en la calle exigiendo el fin de la entrega del patrimonio público de la ciudad de Buenos Aires, el fin del negocio inmobiliario en desmendro de la solución del problema habitacional de los trabajadores. Hoy también nos movilizamos denunciando que en la actualidad el macrismo, con la aprobación del kirchnerismo porteño, ha impulsado en la Legisltura una serie de proyectos que entregan gran parte del patrimonio de la Ciudad al negocio inmobiliario y a empresas privadas. Denunciamos el acuerdo Pro-K que impulsa el acuerdo con la empresa IRSA, afectando a los vecinos del barrio Rodrigo Bueno y entregando sus tierras al negocio y la usura inmobiliaria, asi como alertamos sobre el acuerdo de la implentacion del Plan Maestro para la Comuna 8, que facilita el remate del territorio en la zona sur de la Ciudad, incluyendo precisamente una importante porción del Parque Indoamericano.
Lejos de una solución al problema de la vivienda, el macrismo en la Ciudad sigue priorizando los negocios por sobre el remedio a los problemas de los habitantes de la ciudad, y todo esto con el aval del kirchnerismo en la Legislatura. Exigimos la anulación de estos proyectos, la implementación inmediata de los Proyectos de Urbanizacion en las Villas que dichas iniciativas ignoran y el fin de la entrega del patrimonio de la Ciudad a corporaciones como IRSA y a los negocios impulsados en la Ciudad a través de la Corporación Sur.
Por todo esto, seguiremos luchando y exigiendo justicia, asi como la generación de políticas concretas para solucionar el problema de la vivienda. Políticas que sabemos bien que no conseguiremos si no es por medio de la lucha. Es por todo esto que hoy decimos:
¡¡JUSTICIA POR LA MASACRE DEL PARQUE INDOAMERICANO!!
¡¡JUSTICIA POR EMILIO CANAVIRI ÁLVAREZ, ROSEMARY CHURAPUÑA Y BERNARDO SALGUEIRO!!!!
¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN!! ¡¡DESPROCESAMIENTO YA DE DIOSNEL PÉREZ Y LUCIANO NARDULI!!
¡¡BASTA DEL NEGOCIO INMOBILIARIO EN LA CIUDAD Y LA ENTREGA A LAS COORPORACIONES!!
¡¡NO AL ACUERDO PRO-K EN LA LEGISLATURA!! ¡¡URBANIZACION INMEDIATA DE LAS VILLAS!!
¡¡IMPLEMENTACIÓN YA DE UN PLAN DE VIVIENDAS PARA TODOS!!!
ROSEMARY CHURAPUÑA, ¡¡PRESENTE!!!
EMILIO CANAVIRI ÁLVAREZ, ¡¡PRESENTE!!
BERNARDO SALGUEIRO, ¡¡PRESENTE!!!AHORA Y SIEMPRE!!!