La Alianza por los Derechos Humanos (ADH), expresa su solidaridad con los defensores de los derechos humanos y dirigentes indígenas Berta Isabel Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La Fiscalía presentó “una acusación formal ante los tribunales de justicia en contra de dirigentes (Copinh) a quienes se les responsabiliza de incitar a pobladores del occidente de Honduras a causar daños contra una empresa que desarrolla un proyecto hidroeléctrico en esa zona del país. Los acusados son considerados como los autores intelectuales de inducir a pobladores de la zona a provocar
daños materiales a la empresa DESA que ascienden a tres millones 359 mil 263 dólares, unos 67 millones de lempiras, según las evidencias presentadas por los afectados”.
La acusación en contra de los defensores es un mal precedente contra todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, ya que ahora no solo tienen que lidiar con la represión militar policial, sino también con la persecución de los jueces y fiscales.
La Alianza rechaza las acusaciones judiciales y considera injusto criminalizar el trabajo de los defensores y defensoras, cuando existen centenares de denuncias en contra de violadores a derechos humanos que no han sido resueltas, algunas incluso desde la década del 80.
La acusación se suma a la persecución y el acoso que vienen sufriendo las comunidades en diferentes partes del país.
Con esta acusación la defensora Bertha Cáceres acumula su segundo juicio, el primero fue incoado por fiscales del Ministerio Público, después que militares la detuvieran cuando se dirigía a una reunión en al departamento Santa Bárbara.
Según una denuncia del Copinh, existe una estrategia “de criminalización, se han desarrollado reuniones de alto nivel en diferentes poderes del Estado junto con altos mandos militares de las Fuerzas Armadas FAAHH, en las que se incluye asesores de inteligencia militar del Ejército hondureño, más los dueños y ejecutivos de las empresas, donde han definido estratégicas para despedazar nuestra organización histórica y digna, entre estas decisiones perversas, está la de sacarnos vivos o muertos de Río Blanco, como dicen ellos, sobre todo después de las elecciones generales de noviembre, sin soltar la presión y hostigamiento contra el COPINH durante los meses previos”
Las comunidades indígenas vienen realizando acciones en defensa de los bienes naturales comunes garantizados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde hace 127 días, en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Nos preguntamos por qué la Fiscalía General no ha sido capaz de valorar los daños materiales e inmateriales causados a las comunidades. La acusación en contra los defensores y defensoras es claramente una represión política, para proteger los intereses de los poderosos y violadores de derechos humanos de nuestro país.
Tegucigalpa 05 de agosto de 2013
Juan Almendarez Bonilla (CPTRT)
Andrés Pavón Murillo (CODEH)
Wilfredo Méndez (CIPRODEH)