Vanesa Orieta, hermana de Luciano Nahuel Arruga, recordó frente a la agencia oficial Télam que en el mismo lugar donde se realizan las excavaciones «se hicieron peritajes con perros al comienzo de la causa, que dieron resultados positivos. Los perros reaccionaron en este destacamento, en un patrullero y en un descampado muy cercano», pero advirtió que debido al tiempo transcurrido desde la desaparición del adolescente no tenía «expectativas» en esta etapa de la investigación ni creía que en las excavaciones se pudiera hallar «la solución de la causa».
Orieta, acompañada por otros familiares y amigos de la víctima, por su abogado Juan Manuel Combi, por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y por el diputado provincial por el Frente Para La Victoria, Miguel Ángel Funes, recordó además que donde funcionó el destacamento policial también «se encontró sangre» con la prueba de luminol -que permite encontrar rastros hemáticos aún cuando la escena de los hechos haya sido limpiada-, aunque el tiempo transcurrido no permitió «comprobar a quién pertenecía».
Más adelante, aunque Orieta reconoció el «esfuerzo enorme» que implica iniciar las excavaciones, denunció que «mantener a una familia cuatro años y nueve meses en este
estado de incertidumbre es inhumano». Mientras tanto, familiares y amigos de Arruga realizan un acampe en el lugar desde hace 34 días, en reclamo de la intervención del EAF y que el predio sea erigido como «espacio de memoria social y cultural». «Este lugar se inauguró en 2007, por un pedido de más seguridad, que es un mensaje que discrimina y criminaliza a los sectores humildes. Se abrió estratégicamente para controlar a la gente humilde, y esto terminó en tan sólo dos años con la desaparición de un pibe», concluyó Vanesa.
Arruga salió de su casa de Lomas del Mirador cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con 1,50 pesos en su poder hacia un ciber cercano, pero nunca regresó. La familia sostiene que fue conducido al destacamento policial local, que no estaba habilitado para la detención de personas, y que lo hicieron desaparecer por negarse a robar para la Policía. De acuerdo con el expediente, Luciano ya había sido detenido ilegalmente meses antes en el mismo destacamento, donde había sido golpeado y torturado, luego de lo cual les relató a sus familiares las exigencias de los efectivos.
Por su desaparición, la Justicia investiga a ocho policías bonaerenses que el 21 de enero fueron pasados a disponibilidad preventiva. Actualmente el expediente está en manos del juez federal de Morón Juan Pablo Salas.
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