Los miembros de la Red Latinoamericana de Salud Mental y Derechos Humanos, reunidos en la Ciudad de Bogotá, Colombia, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del presente año, observamos con mucha preocupación las situaciones sociopolíticas de nuestros países.
Diferentes Gobiernos latinoamericanos están manifestando expresiones de autoritarismo, que se ven reflejadas a través del incremento de los niveles de violencia, con una profundización de las prácticas de tortura y violaciones a los derechos humanos, junto con la implementación de nuevas modalidades represivas que incluyen la estigmatización, criminalización y judicialización de la protesta social como instrumento principal de control político de la población.
Este debilitamiento de los gobiernos democráticos se ve expresado en actitudes de carácter autoritario, con ataques a las políticas públicas de derechos humanos, salud, educación y de asistencia social. Claro ejemplo de ello son los diferentes enunciados realizados por el presidente electo en Argentina, Javier Milei.
Puntualizamos que las poblaciones que sufren los mayores costos de las violaciones a derechos humanos continúan siendo la niñez, mujeres, pueblos indígenas, comunidad LGTBIQ+, personas privadas de libertad y en situación de detención, manifestantes sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Es necesario remarcar que hemos identificado la diversidad de espacios que posibilitan la tortura y otras formas de violaciones a derechos humanos, como lo son los sistemas carcelarios, desalojos por defensa del territorio, manifestaciones legítimas de lucha por derechos de distintos sectores sociales, migración y desplazamiento forzado.
La documentación de la tortura y otras violaciones a los derechos humanos tienen serias deficiencias en nuestros países. El cooptamiento de las instancias de justicia, la debilidad en los procesos de judicialización por el cierre de instancias especializadas en derechos humanos y la falta de investigación de los graves crímenes que han sufrido nuestros países impiden el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas, con el alto costo psicosocial que implica la impunidad.
Preocupa que los Estados no asuman la responsabilidad de garantizar acciones para la rehabilitación psicosocial y física de las víctimas y sus familiares, así como acciones de garantías de no repetición.
Condenamos estos hechos atroces que no permiten la construcción de Estados Democráticos y no garantizan los Derechos Humanos de toda la población.
Nos solidarizamos con el pueblo Palestino, y denunciamos que se está llevando adelante un genocidio de crueldad extrema en contra de la población civil. Nos produce consternación e indignación la niñez asesinada y el sistema de salud en ruinas por la violencia ejercida por el estado de Israel, en lo que sin dudas implicará un impacto indeleble en la población y en las generaciones venideras, dada la transmisión transgeneracional del trauma psicosocial. Este hecho no es una situación ajena a la de los países del mundo históricamente oprimidos por el imperialismo, como los nuestros.
Demandamos a los estados
La observancia de los Derechos Humanos y la protección de la población más vulnerable, garantizando el acceso amplio a los derechos económicos, sociales y culturales.
El cumplimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT) en nuestros países, que garantizan la observancia de las leyes que protegen a los ciudadanos y les aseguren el acceso a la justicia y reparación.
Fortalecer los Mecanismos de Prevención de la Tortura, incorporando de manera democrática y abierta a personas de ética intachable, con experiencia y compromiso con los DDHH.
Bogotá, Colombia, 27 de noviembre de 2023.
Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:
Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Colombia.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI),
Bolivia.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.