Pareciera que a un sector de la clase política hondureña le gustaría que como sociedad nos olvidáramos de las torturas, de los desaparecidos, de todas las vejaciones y de todos los miles de hondureños que han muerto producto de la violencia en los últimos años.
Durante los últimos tres años el Congreso Nacional ha aprobado elevados aumentos presupuestarios para las Fuerzas Armadas de Honduras. Para el caso de 2009 a 2012 paso de 127 millones de dólares a 188 millones. Contra todas las normas internacionales les otorgó funciones policiales y además recientemente en las horas previas del partido de fútbol entre Honduras y Jamaica y aprovechando el fervor de la fiesta deportiva, el Congreso aprobó la creación de mil nuevas plazas para militares.
Otorgar funciones policiales a los militares fue un error que muchos hondureños han pagado con su propia vida. Está demostrado que cuando a estos les toca lidiar con personas civiles, recurren inmediatamente al uso de sus armas y disparan a matar. El último hondureños muerto a manos de militares es el ciudadano Omar Herrera de 34 años de edad, un operario de una maquila, asesinado en su propia casa por un militar en la ciudad de el Progreso departamento de Yoro, el pasado 29 de julio de 2013.
Antes también han sido asesinados el líder indígena Lenca Tomas García Domínguez (15-07-2013 Rio Blanco, Intibucá), Alex Wilfredo Herrera López de 26 años (23 de febrero 2013, San Pedro Sula) y el joven Ebed Jaasiel Yánez Cáceres de 15 años (27 de mayo de 20012 Tegucigalpa). Pocos días después también falleció el hijo recién nacido de Alex Wilfredo Herrera López, producto de las complicaciones de su nacimiento prematuro.
Hoy, ante la carencia de propuestas debidamente concebidas para sacar al país del lugar donde se encuentra, algunos políticos pretenden volver a épocas oscuras, como aquella cuando la Fuerza de Seguridad Pública FUSEP dependiente de las Fuerzas Armadas, era parte del terror en contra de la población hondureña
Es por eso que manifestamos nuestro rechazo a las pretensiones de incrementar la militarización de la sociedad y eliminar a la policía como una institución civil al servicio de la sociedad. Que oficiales de policía cuestionados hasta la saciedad hayan cometido delitos no significa que debemos retroceder como sociedad. Si muchos de esos oficiales se mantienen en sus cargos es responsabilidad de esta misma clase política que los sostiene a pesar de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
En lugar de proponer más militarización se debe acelerar el proceso de depuración de los diferentes operadores de justicia del país, especialmente la Policía Nacional, incluidas sus más altas autoridades, seriamente cuestionadas por violaciones a derechos humanos.
Contrario a la militarización se debe fortalecer la civilidad de las instituciones encargadas de dar seguridad a la población, se debe ampliar la inversión social y las oportunidades para nuestros jóvenes, víctimas de la represión en casi todos los espacios de la sociedad.
Proponemos que todos los millones entregados a las Fuerzas Armadas se recuperen y se destinen a la compra de medicamentos, la contratación de médicos, maestros, la construcción de viviendas, la construcción de escuelas, hospitales y así estaremos contribuyendo al cuidado de nuestros compatriotas en especial de nuestros niñas/as y jóvenes.
Tegucigalpa 01 de agosto de 2013
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares CPTRT